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ARTICULO DEL DR. ATILIO ALVAREZ


11 de febrero de 2001 / Contradicciones y desigualdades: más allá de la ley
El principio de la libertad de iniciativa
Intermediarios, falta de desarrollo y tráfico de niños son algunos de los puntos que oscurecen el panorama de la adopción

La República Argentina sufre, en materia de adopción, las contradicciones propias de sus marcadas desigualdades sociales, al punto que en muchos aspectos parece ser varios países y no uno solo.
Por un lado, los sectores urbanos de la zona templada de nuestro territorio (desde Mendoza hasta Entre Ríos, incluyendo la gran megalópolis porteña y los crecientes aglomerados de Córdoba y Rosario) presentan una situación que en poco se distingue de la de algunos países europeos: el predominio de criterios de clase media urbana ha llevado a bajas en la natalidad (con un quiebre marcado a partir de 1976), retraso en la edad de matrimonio y descenso en la nupcialidad (fenómeno de los años noventa), demora de años en la decisión de ser padres, altos índices de esterilidad femenina y, sobre todo, masculina, uniones en edad ya no fértil, etcétera.
Todos esos motivos llevan a estos sectores a ser, como es Europa, grandes demandantes de niños en adopción o, como preferimos decir, oferentes de padres adoptivos.
Por lo contrario, en las provincias al norte de esa franja templada, y en los bolsones de pobreza y la imbricación de miseria de las casas tomadas, las villas y la supervivencia en la marginalidad de los grandes conurbanos, nos encontramos con una realidad cuyos indicadores en poco se distinguen de los países latinoamericanos más atrasados en su desarrollo humano.
Allí, la falta de conciencia de adopción en los sectores medio-altos más apegados a la idea tradicional de prosapia y descendencia propia, y las condiciones culturales -y no sólo económicas- de amplios sectores de la población convierten estas regiones y lugares sociales en proveedores de niños abandonados, con destino a ser adoptados por padres de otras regiones y sector social, que esperan ansiosos que los abandonos se produzcan para satisfacer sus deseos de paternidad por medio de la adopción.
Estas desigualdades, que motivan el movimiento internacional de niños en el último cuarto de siglo, dan forma también a la dinámica de la adopción en la Argentina, y son los que han puesto en jaque la eficacia de cualquier reforma legal, por buena que sea, como la que se realizó con absoluto consenso político en 1997.
Se puso en la nueva ley la esperanza de adopciones más rápidas y de una mejor provisión de hijos al sector requirente. En vano advertimos reiteradamente que esa expectativa no podía cargarse sobre ninguna ley.
Ante la realidad de una mayor complejidad en la organización del sistema de adopción, fruto de decisiones equivocadas en los últimos años y de la falta de implementación de un buen sistema de registro único e interconectado en todo el país, como el que se había convenido con la Junta Federal de Cortes Supremas y Tribunales Superiores de las provincias argentinas en diciembre de 1997, se oyen voces que propugnan modificaciones que implican verdaderos retrocesos.
Porque para encontrar un remedio hay que identificar las enfermedades y, en el sistema de adopción en la Argentina, las principales son:
" El sentido contractualista que admite el trato directo entre los adultos (generalmente madre biológica y padres adoptivos) en cuanto a definir el estado de familia y la filiación de un niño. Esta es la muestra máxima de codificación de una persona, contraria a la expresa letra de la Convención sobre los Derechos del Niño.
" La admisión de intermediarios que medran con su profesión habitual de conseguir hijos adoptivos, y a la vez atienden madres en situación de riesgo, como terreno de cosecha del deseado fruto: un niño abandonado.
" La falta de desarrollo y, en algún caso, la disolución de los programas de prevención del abandono, pese a ser una de la metas para el año 2000 del Consejo Federal de Protección al Menor y la Familia. Sólo la correcta atención de una madre en situación difícil y el total esfuerzo en apoyar el vínculo con su hijo legitiman la posterior acción de disponer la adopción, cuando se ha fracasado en el esfuerzo por mantener al niño con su madre.
" La persistencia del tráfico de niños y la aparición de nuevas formas de sustitución de identidad, creadas para eludir el control judicial sobre las guardas con destino a adopción, pese a las duras penas impuestas por la ley 24.410 desde 1996, y la rígida norma del Código Civil que fulmina con nulidad las adopciones que puedan dictarse, si se han basado en un delito.
" La arbitrariedad en la selección de personas como padres adoptivos, que se advierte en no pocos sistemas judiciales y administrativos, y que es el prolegómeno de escándalos como la vergüenza que vivió la Argentina internacionalmente a partir del caso de la jueza de Oberá y otros de menor trascendencia.
" La presión constante, aunque subterránea, para que admitamos la exportación de criaturas para que sean adoptadas por familias extranjeras, situación que agravará aún más los tiempos de espera de las familias argentinas, las empujará a redes clandestinas y terminará en situaciones de venta de niños por Internet, como la que estalló entre Estados Unidos e Inglaterra, y que se encuentran por miles en toda la Red.
Si sucede en países desarrollados donde una madre tiene todos los apoyos que se dan en estos casos, qué quedará para nuestras mamitas pobres y desprotegidas, a merced de intermediarios profesionales en adopción a distancia. Para evitar llegar a esta situación de adopción de mercado, que está a las puertas, pero que algunos argentinos todavía resistimos, es necesario sostener varios principios fundamentales, como la tolerancia cero con el tráfico de niños, nueva forma de esclavitud que algunos justifican por su fin altruista. Es notorio que muchos apóstoles de la mano dura contra los niños que cometen robos y hurtos nunca dicen ni una palabra sobre el robo de niños o de su venta y apropiación.
Además, hay que ejercer resistencia firme al intento de permitir la salida del país de niños para ser adoptados en el exterior, a riesgo de convertirnos en un coto de caza de agencias internacionales con intermediarios y operadores argentinos en connivencia, como ha ocurrido ya.
En 1998, el Ministerio de Justicia de la Nación envió al Congreso un proyecto que vuelve a permitir la exportación de niños, que debe ser debatido en profundidad y conocido por quienes esperan desde hace años ser padres adoptivos en la Argentina, y que quedarían postergados por el aluvión de la poderosa demanda extranjera.
Pasos por dar
Es necesaria la atención preventiva y activa de las madres en riesgo (jovencitas, enfermas, adictas, abandonadas), que son el sector en el cual se ceban los viles traficantes, y la organización de un registro único de quienes se ofrecen como padres adoptivos, con control de la autoridad del domicilio e interconexión con todos los juzgados del país, para que éstos puedan recurrir a un solo listado amplio en caso de no contar con postulantes en su localidad.
Más transparencia
También sería conveniente la eliminación de toda forma de acuerdo entre adultos, con o sin dinero de por medio, que tenga por objeto el destino de la vida de un niño y respetar un orden en los listados de postulantes a guardadores con fines de adopción, para que matrimonios inscriptos hace cuatro o cinco años no se vean desplazados por recién llegados, forma máxima del acomodo, el amiguismo y la preferencia como males endémicos de nuestra sociedad.
Solamente una gran transparencia en el sistema legal de guardas para adopción permitirá enfrentar con éxito el destino que parece se nos ha marcado: proveedores de niños en un mercado internacional ávido. Si para ser padres se llegara a necesitar bienes de fortuna, posición social, recomendaciones, conocimiento o presentaciones por grupos expectables, en detrimento del ciudadano común, nada nos salvará del tráfico y el saqueo de nuestros niños.
Por eso aplaudimos una resolución reciente del Juzgado de Familia Nº 92 de la Capital Federal (29-12-2000), que ante la presentación por parte de una agencia privada de un matrimonio inscripto en el año 2000 para pedir su tercera adopción, expresamente dispuso a requerimiento del Ministerio Público que la guarda de un niño tendría que otorgarse entre postulantes que estaban esperando su primera adopción desde 1996 y 1997. Con esos fallos judiciales se construye un sistema justo, republicano y respetuoso de los derechos de los niños y de todos los ciudadanos.


Por Atilio Alvarez
Especial para La Nación
El autor es defensor de Menores ante los juzgados de primera instancia.


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